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Enfoque

Democracia formal y sustancial en Pandemia

La Organización de las Naciones Unidas dispuso en 2007 observar el Día Internacional de la Democracia el 15 de septiembre de cada año. Democracia es el término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. El concepto ha sido abordado académicamente desde la teoría de la forma de gobierno según sus usos con base en los criterios numéricos en que se ejerce el poder, siendo la democracia la forma de gobierno de las mayorías, a diferencia de las monarquías o las aristocracias.

Tomando en cuenta este concepto en el marco del Estado moderno, se la puede definir como un método o un conjunto de reglas de procedimiento para la constitución del gobierno y la formación de las decisiones políticas. Desde esta óptica, un régimen democrático implicaría, entre otras cosas, que sus órganos legislativos o ejecutivos estén compuestos por miembros elegidos por el pueblo, que haya ciudadanos sin distinción de raza, religión o condición social y económica con capacidad para votar y elegir representantes, igualdad de voto y que prepondere el principio de mayoría sin afectar los derechos de las minorías. A esto se le llamaría democracia “formal”.

Otra acepción de la Democracia se adjetivaría como “sustancial” y se remitiría a los principios e ideales característicos de la democracia moderna donde se privilegia la idea de igualdad ante la ley incluso en el ámbito económico o social y la libertad del individuo frente al poder político. Las instituciones que velan estos principios, en mayor o menor medida, pueden considerarse sustancialmente democráticas. En suma, la democracia formal describe al gobierno del pueblo y la sustancial al gobierno para el pueblo.

La pandemia ha llevado a los países a imponer medidas de emergencia y seguridad que, si bien en la mayoría de los casos son necesarias para combatir el virus, también pueden tener motivaciones políticas y tergiversarse fácilmente. La pandemia podría servir de pretexto para socavar las instituciones democráticas o reprimir la disidencia legítima o a las personas o los grupos desfavorecidos, lo que trae consecuencias de gran alcance que perdurarán mucho más allá de la crisis inmediata.

Aunque las medidas coercitivas están justificadas en determinadas situaciones, pueden resultar contraproducentes si se aplican de manera desproporcionada, lo que debilita la respuesta a la pandemia. El tipo de inestabilidad que genera esta emergencia de salud pública exige que se mantengan la paz y la estabilidad. La equidad, la justicia y el respeto del estado de derecho son necesarios para fortalecer y apuntalar el esfuerzo nacional en el frente de la salud pública. Los Estados deben seguir velando el cumplimiento de la ley. Deben proteger de la violencia y el abuso a las mujeres, a las personas de edad, a las personas con discapacidad y a los niños, entre otros grupos, y garantizar que durante la crisis se mantengan los servicios de apoyo a las personas que han sobrevivido a la violencia de género.

Las nuevas tecnologías ofrecen un enorme potencial para ayudar en la lucha contra la COVID-19, incluso en la búsqueda de una cura o vacuna y el análisis de la propagación de la enfermedad. No obstante, preocupa el uso de desarrollos como la inteligencia artificial y los macrodatos para hacer cumplir las restricciones de emergencia y seguridad o para la vigilancia y el rastreo de los grupos afectados, ya que el potencial de abuso es alto: lo que se justifica ahora durante la emergencia puede normalizarse una vez que haya pasado la crisis. Sin las salvaguardas adecuadas, estas potentes tecnologías pueden causar discriminación, ser invasivas e infringir la privacidad o pueden emplearse en contra de personas o grupos con fines que van mucho más allá de la respuesta a la pandemia. Todas las medidas deben incorporar protección de los datos, ser legales, necesarias y proporcionadas, tener una vigencia limitada y estar justificadas por objetivos legítimos de salud pública.

Para combatir efectivamente la pandemia, tenemos que ser parte de la respuesta. A tal fin, debemos estar informados e implicados en las decisiones y persuadidos de que las medidas que se toman son necesarias, razonables y proporcionadas para combatir el virus y salvar vidas.

Tenemos que hacer nuestra parte, pero la forma más eficaz de potenciar la participación es a través de los datos y la implicación colectiva. La gente necesita facultad de acción y voz en toda crisis. Más que nunca, en este momento los Gobiernos tienen que ser abiertos y transparentes, responder a la gente que procuran proteger y rendirle cuentas. Las organizaciones de la sociedad civil, así como el sector privado y las empresas, tienen mucho para contribuir, y hay que facilitárselo.

También la crisis plantea la cuestión de cuál es la mejor manera de contrarrestar las noticias falsas y proteger al mismo tiempo la libertad de expresión. La respuesta más eficaz es la información precisa, clara y fáctica de fuentes en las que la gente confía.

 

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