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Reseña de la organización universitaria: del relato a los hechos

La Universidad Mayor de San Carlos funcionó en Córdoba desde 1613. Fue autorizada a expedir títulos universitarios por el Papa Gregorio XV en 1621. Reguló su propio gobierno hasta que, en 1828, fue transferida a la órbita provincial y el Gobernador se reservó el derecho de nombrar Rector y Docentes.

En 1854 la Universidad pasó a depender del gobierno nacional. La atribución de designar al Rector quedó en manos del presidente de la Nación a propuesta “del claustro” integrado con doctores, licenciados y maestros graduados de la propia institución, más el obispo de la diócesis y el Gobernador.

En 1885, la Ley N° 1.597 fijó reglas comunes para el funcionamiento las dos Universidades existentes, Córdoba (UNC) y Buenos Aires (UBA). La potestad de designar a los Docentes se retuvo en la presidencia de la Nación.

En 1906, como consecuencia de reclamos Estudiantiles en la UBA contra la discrecionalidad con la que se definían las políticas de la Universidad, se incluyó a los alumnos avanzados entre los electores de docentes que integraban sus “Consejos Directivos”.

Los estudiantes de la UNC, en el mismo sentido, organizaron en 1918 un “Comité Pro-Reforma”. El Consejo Superior decidió "no tomar en cuenta ninguna solicitud estudiantil. El presidente Hipólito Irigoyen decretó la intervención de la UNC y ordenó un nuevo estatuto, similar al de la UBA, para elegir Rector con cierta participación del alumnado. Una parte de los Docentes que integraron la Asamblea Universitaria habían sido votados por los alumnos con el mandato de elegir un Rector “reformista”. Los asambleístas no honraron el compromiso asumido y el 15-06-1918 resultó Rector un miembro de la asociación ultraconservadora conocida como Corda Frates, contraria a la Reforma.

La medida de acción directa de los estudiantes “reformistas” concluyó el 09-09-1918 cuando asumieron por la fuerza la dirección de la UNC, proclamaron como decanos de las facultades de Derecho, Medicina y Ciencias Exactas a alumnos de cada una de ellas, comenzaron a dictar clases y tomar exámenes. Esa misma tarde el presidente Hipólito Yrigoyen envió al Ejército a desalojar la Universidad, detener y enjuiciar por sedición a los ochenta y tres alumnos que la ocupaban.

Luego de un período de alternancia entre Dictaduras Militares y Gobiernos Democráticos reaccionarios, la Ley Nº 13.031 de 1947 reservó al presidente de la Nación la designación de los Rectores de las Universidades Nacionales, reafirmó la integración exclusiva por profesores de los Consejos Directivos eliminando la participación estudiantil alcanzada en la UBA y confirió a los Rectores la atribución de proponer la terna de la que los Consejos de las Facultades debían nombrar sus Decanos.

La legislación universitaria de los períodos 1955-1958 y 1966-1970, dictadas bajo el control de las Fuerzas Armadas, sentó las bases del “gobierno tripartito” (profesores, estudiantes y graduados). Se consagró la autonomía académica y la autarquía financiera y administrativa. Preservó cierta independencia de las Universidades con respecto al Poder Ejecutivo Nacional. Creó el Consejo de Rectores, sostenido hasta la fecha y conocido actualmente como Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). No obstante, en los hechos, la autonomía académica proclamada fue letra muerta.

Las leyes N° 20.654 del 14-03-1974 y N° 23.068 del 13-08-1984, legitimaron los avances normativos alcanzados en las dictaduras militares que los precedieron. Este desorden histórico justificó la necesidad de un reconocimiento expreso de la autonomía de la universidad en la Reforma de la Constitución Nacional de 1994 y su protección explícita en la Ley 24521 de 1995. 

La dependencia económica de las Universidades Estatales respecto del poder político condiciona su capacidad real de gobierno autónomo y, en la práctica, está por encima de la normativa. Esto distorsiona su funcionamiento y claramente surgen dos modelos de conducción de la Universidad Pública: el que se acomoda a las circunstancias o el que persiste en la defensa de los valores de la Universidad como organización transformadora de la sociedad.

Los contubernios entre dirigentes políticos han perforado, al menos desde hace casi seis años en Jujuy, los espacios formativos que habían garantizado hasta 2014 la pluralidad de ideas y el debate académico y científico, con las limitaciones propias de un sistema universitario imperfecto.

Para cambiar este rumbo resulta necesario, a nivel del sistema universitario, establecer una distribución presupuestaria basada en objetivos y resultados, esto es, en los planes estratégicos que cada Universidad fije democráticamente por medio de sus órganos de Gobierno, en el marco del proyecto nacional. Complementariamente es imprescindible generar normas de transparencia de gestión universitaria, aplicables al ejercicio de cargos unipersonales y cuerpos colegiados.

A nivel de la Universidad, la oportunidad de elegir Consejeros Académicos y Consejeros Superiores dignos y comprometidos claramente con los valores académicos se presenta en abril próximo.

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