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PROPUESTA: NORMATIVA UNIVERSITARIA

El control sobre las Carreras Universitarias

A mediados del siglo XIX el país contaba con dos Universidades Provinciales, la de Córdoba creada en 1613 y la de Buenos Aires en 1821. La primera se nacionalizó en 1856 y la segunda en 1881, quedando ambas bajo la dependencia del Gobierno Nacional.

La Ley N° 1.597, de junio de 1885 fue la primera en establecer reglas generales para su funcionamiento. Dedicó un apartado a la cuestión de la emisión de Diplomas, el Artículo 1, Inciso 4: “Cada Facultad proyectará los planes de estudio y dará los certificados de exámenes en virtud de los cuales la Universidad expedirá exclusivamente los diplomas de sus respectivas profesiones científicas.”

Estuvo vigente por más de 60 años, hasta la sanción de Ley Nº 13.031 en 1947. Ésta fijó entre las funciones de la Universidad la de “Preparar para el ejercicio de las profesiones liberales, de acuerdo con las necesidades de la Nación, los adelantos técnicos mundiales y las transformaciones sociales, otorgando los títulos habilitantes con carácter exclusivo.” (Art. 2° Inc. 5°).

El 11-01-55 se promulgó la Ley N° 14.297, que en su Art. 15, Inc. 5° y en referencia a los Títulos otorgó al Consejo Universitario de cada Institución la atribución de “Decidir en última instancia las cuestiones sobre validez o equivalencia de títulos, diplomas, estudios, asignaturas, honores y distinciones universitarias, que hubieran sido resueltas por los Consejos de las Facultades”

En el siguiente período democrático, en 1958, se sancionó la Ley Nacional 14.557 que reguló el funcionamiento de las Universidades Privadas, otorgándole “Capacidad para expedir títulos y/o diplomas académicos.” No obstante, reservó al Estado Nacional la atribución de habilitar para el ejercicio profesional, a través de “exámenes que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones públicos y a cargo de los organismos oficiales específicos.”

La Ley N° 23.068 de Normalización de las Universidades Nacionales fue promulgada en 1984 y reserva al Ministerio de Educación de la Nación, a través de su Artículo 6°, la fijación y el alcance de los títulos y las incumbencias profesionales correspondientes a las carreras, a propuesta de las respectivas Universidades Nacionales, tanto de gestión pública como de gestión privada.

La legislación vigente, Ley de Educación Superior N° 24.521 de 1995, limita la validez de los Títulos que otorgan las Universidades a aquellos que autoriza el Estado Nacional.

En su Artículo 41 dispone que: “El reconocimiento oficial de los títulos que expidan las instituciones universitarias será otorgado por el Ministerio de Cultura y Educación. Los títulos oficialmente reconocidos tendrán validez nacional.”

Y su Artículo 42 aclara que “Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional. Los conocimientos y capacidades que tales títulos certifican, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones universitarias.”

Se desprende que todo Título que expida una Universidad Nacional de gestión Pública o Privada que no cuente con tal Reconocimiento Oficial y su consecuente Validez Nacional no certifica conocimientos, capacidades ni competencias profesionales.

Hace dos años el Estado Nacional, ante la proliferación de ofertas académicas que no cumplían con los requisitos legales y que eran publicitadas de manera engañosa, prohibió que se promocionen carreras de pregrado, grado o posgrado que no cuenten con la Resolución Ministerial de Reconocimiento Oficial y Validez Nacional.

Esta disposición, de fecha 15-12-17, se fundamenta en que la Dirección Nacional de Gestión Universitaria “detectó numerosas titulaciones universitarias que no han cumplimentado con la normativa vigente en materia referida al reconocimiento oficial y validez nacional de títulos, tanto a nivel de pregrado como de grado y posgrado, lo que ha provocado precariedad en las titulaciones expedidas, tal cual ha sido puesto de manifiesto por parte de la citada Dirección.”

Tal medida de protección para la ciudadanía que ejerce su derecho de estudiar es violada actualmente. Se lanzan ofertas de nuevas carreras sin las autorizaciones de Ley.

Las Autoridades Universitarias que toman estas decisiones jurídicamente reprochables confían en que encontrarán algún funcionario en el Ministerio de Educación de la Nación que se ocupe de pasar por alto la infracción y, además, conocen la capacidad de los Docentes y Egresados que elaboran y aprueban en los Planes de Estudio y la coherencia que resulta entre sus contenidos, aprendizajes y competencias profesionales a desarrollar.

No obstante, no resultan eximidos de transgredir las normas y de dar, desde la conducción de la Universidad, el mensaje desalentador del “todo vale” a la Sociedad. El Alumno Universitario, para ellos un detalle menor.

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